© (Copyright) del texto EDUARDO JAUDENES DE SALAZAR
A nuestro modestísimo juicio susceptible de rectificarse por razonamiento o reflexión ajenas, las bases que deben presidir la legislación de protección al cine deben ser:
El cine es una pantalla que hay que llenar de emoción y una sala que hay que llenar de espectadores.
Cuando dirijo no lo hago pensando en los actores ni en los técnicos sino a los espectadores. (Alfred Hitchcock)
La protección del cine por el estado no debe hacerse para motivar subvenciones sino para motivar al público, que es el destinatario de las películas y el que las paga mediante sus impuestos.
El público que va al cine merece el mismo respeto que el pueblo que va a votar, se compone de personas que son igualmente valiosas, tanto si van al cine como si votan en unas elecciones generales, autonómicas o locales y no necesitan una junta de valoración que les diga lo que es susceptible de subvención y lo que no.
La única manera de objetivar las subvenciones es que las otorgue el público que es a fin de cuentas el destinatario y el que con sus impuestos las va a pagar. Por tanto las ayudas al cine deben hacerse con desgravaciones fiscales absolutas para los beneficios de explotación de la película, que además atraerán inversión privada motivada por el tratamiento fiscal y que tan necesaria es para hacer un cine libre y plural.
El aparatado b) del artículo 20 de la Constitución dice: Se reconocen y protegen los derechos: A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. No siendo acorde a nuestra legislación unas normas que sólo subvencionen en base al género o temas concretos que sólo interesan al que otorga la subvención. Porque el derecho es a la producción y creación y no al genero del creador o productor, ni a los temas que interesan al Ministro, conculcándose además otro derecho fundamental contenido en el articulo 14 de la misma Constitución Española en vigor que dice: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La discriminación sea positiva o negativa es discriminación igual, no cabe decir que la discriminación positiva es constitucional y la negativa no, porque lo positivo para uno es negativo para el otro.
Cuando en Alemania fueron a comprar los quemadores de basura, primero investigaron cual era el país del mundo que tenía mejores quemadores, descubrieron que era Suiza. Luego se preguntaron si la basura Alemana quemaría igual de bien en los quemadores Suizos, entonces fueron con tres camiones de basura representativa alemana y la quemaron en Suiza, hasta no comprobar fehacientemente que quemaba bien su basura, no compraron el quemador.
A la hora de legislar en España no se tienen en cuenta los eventuales problemas que pueden surgir a la hora de aplicar las normas.
Las leyes, en Alemania, una vez elaboradas, se ponen en práctica durante un año, se corrigen por si surgen problemas de aplicación, y no se incorporan al ordenamiento jurídico definitivamente hasta que no se ha comprobado que se puede aplicar adecuadamente.
Un ejemplo claro es que en las autopistas alemanas la velocidad es libre, salvo en los tramos que están bien controlados los vehículos y es peligroso que vayan a mucha velocidad. De nada sirve que en España se limite a 90 la velocidad máxima en autopistas, como ha estado, sino se cumple.
Centrándonos en el tema que nos ocupa, Cómo debe legislarse la nueva ley de protección al cine, tenemos que empezar diciendo que la ley cinematográfica mejor que ha habido hasta el momento en España es la que existía en la época de UCD, la subvención la daba el público con su entrada, consistía en un 15% de lo obtenido en taquilla. Se creaban las categorías de “especial calidad” y “especial para menores”, que concedían cantidades a repartir al 50% entre el productor y el equipo técnico-artístico de la película. De esta ley nace un cine variado, fresco y libre, que atrae a los espectadores a las salas, con ella hacen cine: Almodóvar, Trueba, Garci, Colomo, Gutiérrez Aragón, Chavarri…
También otra ayuda es la cuota de pantalla consistente en que: Las salas de exhibición cinematográfica estarán obligadas a programar dentro de cada año natural obras cinematográficas de España en cualquier versión, de forma tal que, al concluir cada año natural, al menos el 50 por 100 del total de las sesiones que se hayan programado sea con obras cinematográficas españolas. Del cómputo total anual se exceptuarán las sesiones en las que se exhiban obras cinematográficas de terceros países en versión original subtitulada. Por otra parte, se abolió la cuota de distribución, consiste en que cada película de cine español da derecho a distribuir tres películas extranjeras, con lo que se acabó con los anticipos de distribución, que suponían en muchos casos entre un 30% y un 50% del presupuesto total de un film.
En enero de 1980 el gobierno de la UCD volvió a fijar la cuota de pantalla en el 3 por 1 y estableció una cuota de distribución escalonada, que se calculaba de acuerdo con el éxito de taquilla de las películas.
A ello se sumó la compra de derechos de antena por parte de la televisión pública que estaba obligada a invertir un porcentaje de dinero en cine español cuando terminaba, a los tres años, el circuito de cines, la compra de dichos derechos de antena se hacía sobre guión, pagándose en cuanto se terminaba la película.
Con la llegada de los socialistas al poder Pilar Miró cambia la ley y en lugar de darse la subvención por el público decide que es ella, la Directora General de Cinematografía, la que decide. Esta medida trae un descenso de películas se pasa de rodarse unas cien películas al año a no más de treinta, solo hacían cine los que quería la directora general que lo hiciera. Por agravio comparativo, los que no obtenían subvención anticipada dejaron de hacer cine.
Sólo hay una productora, la de Pilar Miró, la mayoría de las películas tenían unos temas similares, carácter rustico o guerra civil española. Desaparece el cine comercial que tantos espectadores habían seguido durante la época de UCD, me refiero a las películas de Ozores con Pajares y Esteso.
Como se da el dinero a manos llenas, anticipadamente y sin devolución, los precios suben y ríanse de la burbuja inmobiliaria, el cine subió de golpe mucho más, los actores que cobraban medio millón de pesetas pasaron a cobrar siete millones, los laboratorios hincharon sus precios desorbitadamente, los técnicos hicieron lo propio… todo porque la subvención era mayor cuanto mayor era el gasto, lo que se llamó principio de máximo empeño, si hacías una película barata no tenías apenas subvención, si era muy cara, tenías una subvención mucho mayor y casi asegurada.
Muchas de esas pocas películas que se hacían ni se estrenaban, ya habían ganado dinero con la subvención, pues, si no podía superar el 50% del presupuesto, bastaba con hinchar el presupuesto para conseguir que el 100% fuera subvencionado, si se estrenaba la película eran más gastos, copias y publicidad, si no era buena, mejor dejarla en las latas y no estrenarla, no fuera que se perdiera lo ganado con la subvención.
Ello lleva a que se modifique la ley y se da la mitad de la subvención antes de comenzar el rodaje y luego, al estrenarse y justificar un número de espectadores, la otra mitad. Esta medida, en lugar de hacer un cine más comercial, lo que hace es fomentar el fraude y hacer que hubiera estrenos y la propia productora comprase entradas para llegar al número que la ley fijaba como mínimo de espectadores para obtener la otra mitad de la subvención, dicha compra de entradas se hacía, en muchos casos, con tarjetas de crédito de la propia empresa productora y les pillaron, originándose el actual escándalo que salpica a conocidos productores y exhibidores cinematográficos.
También se obliga a las televisiones privadas a invertir en cine español el 5% de sus beneficios. Es una medida tomada por el gobierno de Zapatero para compensar la ley que prohíbe poner publicidad en las televisiones públicas, haciendo que esa publicidad revierta en las televisiones privadas.
Tantos condicionantes, burocráticamente insostenibles, lo único que pretenden es hacer depender a los productores cinematográficos del Gobierno, si a un político le das una taza, lo primero que mira es el asa, porque le interesa manejar, son leyes que lo único que pretenden es manejar a los productores que tengan que depender de ellos.
En Galicia se llegó a pagar 1000 euros de subvención por cada nombre en gallego que tuvieran los personajes de la película, y yo me pregunto que influencia puede tener en la calidad de un film que los personajes en vez de llamarse: Isabel, Pepe o Jorge, se llamen Sabela, Pepiño o Xurxo, por cierto ya tendríamos 3000 euros de subvención.
Analizar el país del mundo con mejor legislación cinematográfica, este es Australia, porque con su ley pasó de ser un país inexistente cinematográficamente a producir Gallipolis, Único testigo… la ley australiana es muy sencilla, considera película australiana a toda película que se rueda en Australia, sólo por ello están exentos de impuestos los beneficios de taquilla. Esto supondría en España un 30% de impuestos menos para los beneficios del film, atraería inversiones privadas al cine y daría a conocer internacionalmente a España, como le ocurrió a Australia, al venir a rodar aquí Norteamericanos nos harían publicidad de nuestro país en todo el mundo. Además si se ruedan aquí más películas, aumentan los beneficios de España, se tienen que hospedar, comer, hacer compras en nuestro país, proporcionándonos pingues beneficios.
Hay que favorecer fiscalmente la inversión privada desgravando absolutamente los beneficios obtenidos por la película española. Yo le añadiría exención de pago en seguridad social al equipo técnico artístico, para redondear las ventajas.
También es plausible la medida adoptada por la Comunidad de Madrid de no poner impuestos por rodaje en la calle o en edificios públicos ya que están dando a conocer la ciudad y eso a parte de publicidad, es beneficioso económicamente.
Cuando hice mi tesis doctoral sobre Derecho cinematográfico, la primera que se hizo del tema, abriendo una vía de investigación nueva, que ya han seguido más de cien doctores, pregunté a productores de entonces, que me dijeron unánimemente, de Elías Querejeta a Pepón Coromina pasando por Luis Mejino o José Frade: el cine no necesita más dinero estatal sino menos impuestos, impedimentos y burocracia.
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